
Tras la sentencia de la Corte Suprema en relación con un decreto de necesidad y urgencia de 2002, Aníbal Fernández remarcó que el Gobierno está en sintonía con ese fallo, pero recordó que la excepcionalidad de un decreto "la fija el Presidente".
La Corte Suprema de Justicia dictó sentencia ayer respecto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 558/02, de la gestión del ex presidente Eduardo Duhalde. Y en algunos ámbitos se quiso interpretar el fallo como un límite al uso de los DNU y un freno a la gestión de Cristina Fernández. Sin embargo, para despejar dudas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, expresó: “Nosotros compartimos el fallo de la Corte Suprema”.
Fernández explicó que el fallo de la Corte se refiere con exclusividad al mencionado DNU, “que intentaba ampliar las facultades de la Superintendencia de Seguros”. Y recordó que “la Corte se ve en la tarea de tratar este caso” porque todavía no se había dictado la Ley 26.122, “que regula la vida de los decretos de necesidad y urgencia, en ese momento no había forma de regulación”.
“El fallo es muy clarito. Habla de excepcionalidad, y la excepcionalidad la fija el presidente de la Nación”, advirtió respecto de la potestad constitucional que conserva el Poder Ejecutivo para dictar estas normas.
Además, el jefe de ministros se mostró molesto por la tendencia de algunos medios a remarcar los DNU que firmó Cristina Fernández durante su gestión. “¿Por qué no lo dijeron nada antes cuando se dictaron 400 decretos? Esta Presidenta sólo firmó nueve decretos (de necesidad y urgencia), en situaciones muy particulares, que el momento exigía que las cosas fueran de esa manera”, comentó Aníbal.
Y negó que ya se haya tomado la decisión de subir el mínimo no imponible para la cuarta categoría (empleados en relación de dependencia) del Impuesto a las Ganancias, una medida reclamada desde la CGT.