Proyecto de Ley de protección al Dominio Nacional

La Presidenta envió al Congreso el proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, que limita el 20% la posesión a los extranjeros, crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial.

El proyecto de Ley enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández establece en el 20 por ciento el límite a los extranjeros a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional.

Lo establece el Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, anunciado hoy por la presidenta Cristina Fernández en su mensaje al país por la cadena de radio y televisión.

Expresa que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las Mil hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y su cómputo se determinará por la Autoridad de Aplicación.

Se crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el que tendrá la facultad de requerir a las dependencias provinciales competentes en registración y catastro inmobiliarios, la información necesaria para el cumplimiento de su función.

Se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales, tomando como fecha de configuración del relevamiento la situación existente al 10 de enero de 2010.

El relevamiento de las tierras rurales se realizará dentro de los días de la entrada en vigencia de la Ley.

Se crea el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el Ministerio de Justicia, conformado por el Ministerio de Agricultura, por la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, con competencia para solicitar la colaboración de otros organismos de la administración centralizada y descentralizada, nacional y provinciales.

En su artículo 16 expresa que la ley no afecta derechos adquiridos.

En el mensaje que acompaña el proyecto de Ley deja expresa constancia que el proyecto “en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado, asegurando que los recursos, vitales en el Siglo XXI, sigan en órbita y en competencia Nacional, sin que signifique desalentar la inversión extranjera”.

Expresa que la tierra es un recurso “estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, se impone dictar una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables”.

Deja en claro que las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales “se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos así como su derecho a la independencia económica, y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado, con jerarquía constitucional, a nuestra Carta Magna (artículo 75, inciso 22) luego de la reforma constitucional del año 1994”.

En la presentación del proyecto señala también que se registra en la Argentina un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por pate de capitales financieros internacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación desatada con motivo de la variación de precios de los productos primarios en el mercado internacional. Ejemplifica, en tal sentido, que a partir de la década de los 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 provincias.

En otro párrafo del mensaje al Congreso expresa que el espíritu y la letra del proyecto no solo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país.

Desde el punto de vista político el proyecto procura “una sociedad más equitativa y democrática”.